La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una serie de resoluciones relevantes que impactan directamente el sistema financiero, el régimen tributario y el marco de transparencia en México, consolidando criterios que fortalecen la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En sesión del 6 de abril de 2026, el Máximo Tribunal abordó distintos asuntos que, en conjunto, redefinen el alcance de facultades administrativas, garantizan derechos fundamentales y corrigen distorsiones normativas.
Uno de los puntos centrales fue la validación del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, que regula la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para incluir personas en la Lista de Personas Bloqueadas.
La Corte determinó que el bloqueo de cuentas bancarias:
- Es una medida administrativa y preventiva, no una sanción penal
- No implica declarar culpabilidad
- Tiene como objetivo proteger el sistema financiero
Asimismo, estableció que el procedimiento:
- Garantiza el derecho de audiencia
- Permite ofrecer pruebas
- Obliga a la autoridad a fundar y motivar sus decisiones
- Puede ser impugnado ante tribunales
En resoluciones relacionadas, la SCJN confirmó la validez de actos emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), particularmente en la inclusión de personas y empresas en la Lista de Personas Bloqueadas.
El Tribunal precisó que:
- El bloqueo puede aplicarse con base en indicios suficientes, sin necesidad de una solicitud extranjera
- La UIF puede actuar con información nacional e internacional
- Estas facultades deben interpretarse conforme a estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Además, se eliminaron criterios previos que limitaban estas acciones, al considerar que obstaculizaban el cumplimiento de compromisos internacionales.
