El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 2026 perfila menos recursos para las áreas clave del combate al lavado de dinero en México, justo cuando el país se prepara para la revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con un posible onsite en febrero próximo y una discusión plenaria en octubre de ese mismo año.

De acuerdo con la propuesta enviada por Hacienda al Congreso, las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) especializadas en delitos financieros y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) muestran ligeros aumentos en pesos corrientes, pero retrocesos en términos reales al aplicar la inflación promedio estimada para el 2026 de 3.5 por ciento. En conjunto, sumarían 276.4 millones de pesos, lo que representa un incremento nominal de 2.1% respecto al 2025, pero una reducción real de 1.4 por ciento.

El desglose de los recortes

La Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero pasaría de 46.4 a 46.6 millones de pesos entre el 2025 y el 2026. Esto representa una variación nominal de 0.3% y una caída real de 3.1 por ciento.

La Fiscalía de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda y Fiscales mantendría sin cambios sus 60.8 millones de pesos, lo que implica una reducción real de 3.4 por ciento.

En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), su presupuesto crecería de 163.5 millones de pesos en el 2025 a 168.9 millones en el 2026, aunque en términos reales implicaría una disminución de 0.2 por ciento.

Contraste entre discurso y realidad

El PPEF del 2026 afirma que “la Unidad de Inteligencia Financiera contribuirá a fortalecer las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, alineándolas con los estándares internacionales más avanzados, protegiendo al sistema financiero y la economía nacional”.

Ese mandato recae ahora en Omar Reyes Colmenares, quien asumió la titularidad de la UIF hace unas semanas tras la salida de Pablo Gómez Álvarez. Su desafío es procesar millones de reportes provenientes del sistema financiero y de las actividades vulnerables, transformarlos en denuncias y apoyar investigaciones que deriven en sentencias capaces de desarticular las estructuras económicas de la delincuencia organizada.

La FGR, por su parte, sostiene que “se continuará interviniendo en los procedimientos de extradición internacional, coordinando la entrega y recepción de personas solicitadas” y que la asistencia jurídica internacional seguirá siendo un pilar en la persecución de delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y tráfico de drogas.

Riesgos y presiones externas

Los ajustes presupuestales llegan en un contexto de presión internacional. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a tres instituciones financieras mexicanas por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero. A nivel interno, casos como las detenciones de marinos, exfuncionarios y empresarios vinculados con el robo de combustibles revelan cómo las organizaciones criminales buscan blanquear recursos a través de redes empresariales y gubernamentales.

En este escenario, reducir recursos reales para la UIF y las áreas de la FGR responsables de combatir estos delitos puede mermar su capacidad operativa justo cuando el GAFI evaluará la eficacia del país. El contraste resulta evidente: mientras el discurso oficial presume alineación con estándares internacionales, el presupuesto proyectado para el 2026 muestra un aparato antilavado con menos margen de acción en uno de los momentos más delicados para el sistema financiero.