En la iniciativa la mandataria argumentó que una herramienta fundamental del Estado para la prevención y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita

Con el argumento de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al crimen y al terrorismo, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso acotar la figura de suspensión provisional mediante el juicio de amparo en los casos de bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En su iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, que fue recibida este lunes en el Senado, la mandataria federal argumentó que una herramienta fundamental del Estado para la prevención y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, es el congelamiento o decomiso de bienes provenientes de actividades ilícitas. 

Argumentó que del 1 de diciembre de 2018 al 1 de agosto de 2025, se han promovido 3 mil 659 amparos en los que se reclamó a la UIF los efectos de la lista de personas bloqueadas, y en el mismo periodo, la UIF cumplimentó mil 407 suspensiones definitivas para desbloquear las cuentas reclamadas en el incidente de suspensión.

Afirmó que esto ha tenido un impacto sustantivo, porque se han desbloqueado cuentas con montos que ascienden a los 27 mil millones de pesos, que representan el 54.4% del total de montos bloqueados inicialmente y que han sido desbloqueados por el mecanismo de amparo en su modalidad de suspensión provisional o definitiva.

“En los últimos dos años (2023 y 2024) se han desbloqueado montos por el mecanismo de amparo en su modalidad de suspensión provisional o definitiva, que ascienden al 86.3% y 72.3% del total de montos bloqueados inicialmente”, sostuvo. 

Por ello, Sheinbaum propuso definir en la Ley de Amparo que habrá un perjuicio al interés social si mediante la suspensión se permite la comisión o continuación de actos, operaciones o servicios que puedan favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de manera efectiva en operaciones con recursos de procedencia ilícita o conductas que pudieran dañar al sistema financiero. Con ello, el gobierno aseguraría la revisión  y bloqueo de cuentas hasta el final del juicio de amparo.  

“Tratándose del supuesto previsto en esta fracción, en ningún caso procederá la suspensión provisional”, señala la propuesta de reforma al artículo 129 de la Ley de Amparo. 

Sin embargo, la iniciativa mencionó que el órgano jurisdiccional en todo caso de congelamiento de cuentas, dejará a salvo los recursos necesarios para el pago de salarios u otro tipo de obligaciones contraídas con trabajadores, de alimentos decretados por autoridad competente, o bien, para asegurar la subsistencia de la personas física titular de la cuenta y de sus acreedores alimentarios, así como de créditos fiscales o hipotecarios para vivienda de uso propio, mientras se resuelve el juicio de amparo. 

El proyecto propone que la suspensión tampoco procederá cuando se impida u obstaculice al Estado el ejercicio de sus facultades en materia de deuda pública. 

Asimismo, señala que la suspensión definitiva únicamente será concedida para permitir el uso de los recursos que se encuentran en las cuentas inmovilizadas si se acredita su licitud. “De esta forma, se permite un margen de protección judicial cuando el dinero no provenga de actividades ilícitas”, argumentó.

Esta iniciativa será recibida oficialmente por el Senado en su sesión del próximo miércoles, y se le dará turno a comisiones para su dictaminación.

FUENTE: LATINUS